El procedimiento impugnatorio en materia electoral en Inglaterra, se encuentra en la actualidad regulado en la Representation of the People Act de 1983, y en las nomas sobre recurso electoral, (Elections Petition Rules) de 1960, normativa que se estableció cuando entonces estaba vigente la Representation of the People Act de 1949.
Según la Electión Petitions and Corrupt Practices at Elections Act de 1868, los recursos electorales serán oídos en audiencia pública y sin jurado. La fecha y lugar de celebración del juicio se anunciará en forma preceptiva, con una antelación al comienzo del juicio de catorce días en el caso de recursos parlamentarios, y de siete días en los demás.
Aunque el tribunal electoral puede suspender discrecionalmente las actuaciones en cualquier momento, el juicio deberá continuarse, en la medida que sea practicable y compatible con los intereses de la justicia respecto de la causa, durante todos los días hábiles hasta su finalización.
Hay que destacar que el lugar de celebración de la audiencia estará situado dentro de la circunscripción parlamentaria donde se hubiera celebrado las elecciones, a menos que el Tribunal Superior designe otro lugar que por circunstancias especiales considere más conveniente. La audiencia podrá trasladarse de un lugar a otro dentro de la circunscripción parlamentaria de que se trate, a juicio del tribunal electoral.
Durante el juicio de una impugnación electoral, a menos que el tribunal disponga otra cosa, se podrá investigar cualquier acusación de práctica deshonesta.
Respecto de los testigos en la celebración de la audiencia, podrá uno de los miembros del tribunal, por medio de madamientos firmados por él, requerir la presencia como testigo de cualquier persona que le parezca haber estado relacionada con las elecciones.
Es importante mencionar que la transferencia de este poder de revisión del proceso electoral a los magistrados, ocurrida en virtud de la Parliamentary Election Act de 1868, no ha afectado el derecho del Parlamento en ningún momento para ejercer su prerrogativa en la decisión de sus propios asuntos, como es en este caso, la definitiva composición de la Cámara.
Así, a la Cámara de los Comunes, en virtud del art. 144. 7 de la RAP de 1983, le corresponde tomar la decisión final. Sin embargo, ha ocurrido que, por convención, ésta nunca se ha apartado en su actuación de la decisión que ha tomado el tribunal electoral, lo que ha llevado a caracterizar al sistema inglés como un sistema de control judicial de la validez de la elección.
Según la Electión Petitions and Corrupt Practices at Elections Act de 1868, los recursos electorales serán oídos en audiencia pública y sin jurado. La fecha y lugar de celebración del juicio se anunciará en forma preceptiva, con una antelación al comienzo del juicio de catorce días en el caso de recursos parlamentarios, y de siete días en los demás.
Aunque el tribunal electoral puede suspender discrecionalmente las actuaciones en cualquier momento, el juicio deberá continuarse, en la medida que sea practicable y compatible con los intereses de la justicia respecto de la causa, durante todos los días hábiles hasta su finalización.
Hay que destacar que el lugar de celebración de la audiencia estará situado dentro de la circunscripción parlamentaria donde se hubiera celebrado las elecciones, a menos que el Tribunal Superior designe otro lugar que por circunstancias especiales considere más conveniente. La audiencia podrá trasladarse de un lugar a otro dentro de la circunscripción parlamentaria de que se trate, a juicio del tribunal electoral.
Durante el juicio de una impugnación electoral, a menos que el tribunal disponga otra cosa, se podrá investigar cualquier acusación de práctica deshonesta.
Respecto de los testigos en la celebración de la audiencia, podrá uno de los miembros del tribunal, por medio de madamientos firmados por él, requerir la presencia como testigo de cualquier persona que le parezca haber estado relacionada con las elecciones.
Es importante mencionar que la transferencia de este poder de revisión del proceso electoral a los magistrados, ocurrida en virtud de la Parliamentary Election Act de 1868, no ha afectado el derecho del Parlamento en ningún momento para ejercer su prerrogativa en la decisión de sus propios asuntos, como es en este caso, la definitiva composición de la Cámara.
Así, a la Cámara de los Comunes, en virtud del art. 144. 7 de la RAP de 1983, le corresponde tomar la decisión final. Sin embargo, ha ocurrido que, por convención, ésta nunca se ha apartado en su actuación de la decisión que ha tomado el tribunal electoral, lo que ha llevado a caracterizar al sistema inglés como un sistema de control judicial de la validez de la elección.
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